Las prisiones en todo el mundo enfrentan presiones contradictorias: prevenir el contrabando y las fugas a través de la tecnología frente a reducir la reincidencia mediante la educación y los servicios de salud mental. Las limitaciones presupuestarias obligan a las instituciones a elegir prioridades, lo que plantea preguntas sobre lo que realmente hace que las comunidades sean más seguras a largo plazo.