Las personas con discapacidades, condiciones de salud mental y comunidades sordas a menudo enfrentan violaciones de derechos dentro de instituciones como hospitales y centros de atención. Las organizaciones internacionales están pidiendo cada vez más a los gobiernos que fortalezcan las protecciones y las medidas de rendición de cuentas. Esto plantea preguntas sobre cómo las sociedades deben equilibrar la protección de las poblaciones vulnerables con las operaciones institucionales prácticas.