El acceso a la educación en las prisiones ha sido un tema de debate, con los defensores argumentando que reduce la reincidencia y ayuda a reintegrar a las personas en la sociedad. Por el contrario, algunos creen que los recursos educativos no deberían ser asignados a quienes han sido condenados por delitos. Esta discusión es cada vez más relevante a medida que muchos países reevalúan sus estrategias de justicia penal.