Los gobiernos de todo el mundo invocan cada vez más la seguridad nacional para justificar cambios rápidos en las políticas, desde aranceles hasta restricciones comerciales. Los tribunales enfrentan una creciente presión para validar rápidamente las acciones ejecutivas o examinarlas a fondo, creando tensión entre la seguridad y la supervisión democrática. Este debate moldea cómo se equilibra el poder entre las ramas del gobierno a nivel global.