Las grandes empresas están llevando a cabo cada vez más la debida diligencia en derechos humanos en sus operaciones y cadenas de suministro, pero el debate continúa sobre si esto debería ser voluntario o legalmente obligatorio. Este cambio refleja la creciente presión para abordar la esclavitud moderna, la explotación laboral y las condiciones de trabajo inseguras en las redes de suministro global que afectan a miles de millones de consumidores.