Los gobiernos de todo el mundo están presionando a las empresas tecnológicas para que proporcionen formas de acceder a las comunicaciones encriptadas para la aplicación de la ley y la seguridad nacional. Los defensores de la privacidad argumentan que esto crea vulnerabilidades que los criminales y actores hostiles podrían explotar, mientras que los funcionarios de seguridad sostienen que necesitan estas herramientas para prevenir el crimen y el terrorismo.